La inacabable pugna sobre la conexión de Galdakao con el metro de Etxebarri obliga al ciudadano a preguntarse para qué sirven exactamente las instituciones
La casualidad ha querido que un temporal de frío polar se haya abatido sobre el País Vasco tras conocerse la última resolución judicial sobre la lanzadera de Galdakao al metro de Etxebarri, la resolución que ha vuelto a alejarla de la estación intermodal. Algunos usuarios de Bizkaibus pueden pensar que, después de cuatro años, es lo único que les faltaba: un transbordo a pie de cerca de un kilómetro bajo intensas nevadas. Un disparate en el que han participado en momentos diferentes tres ayuntamientos (Basauri, Etxebarri y Galdakao, por orden alfabético), la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco.
No es una historia del siglo XIX, cuando los vizcaínos se desplazaban a Bilbao en carros tirados por bueyes. Ni de mediados del XX, cuando los viajeros fumaban dentro del autobús y había un revisor que picaba los billetes. Estamos en el siglo XXI, con la 'Y' vasca en obras, cuando un Ayuntamiento cierra el paso al autobús del pueblo de al lado argumentando que aumenta el tráfico rodado. ¿No suele reforzarse el transporte público precisamente para reducir el tránsito de vehículos privados y la contaminación?
Fíjense en la señal que está junto a la parada de la lanzadera, en la rotonda de un polígono industrial. Una orla roja y, dentro de ella, un autocar (de momento, el de Galdakao). Un cartel aclara que la prohibición no alcanza al 'bus de Etxebarri y autorizados' (al de aquí y a los que diga la Corporación). No es una señal corriente, pero en otros países las hay tan originales o más. Un alcalde de Florencia, Mateo Renzi, actual primer ministro de Italia, colocó 'direcciones prohibidas' y 'direcciones obligatorias' con un toque artístico para que la ciudad esté a tono con la belleza de la catedral y del 'David' de Miguel Ángel. En una viñeta de Forges aparece una señal con la silueta de un individuo que hace el pino sobre una mano.
La señal de Etxebarri sólo es la guinda de una serie de argumentos contra la lanzadera de Galdakao que aparecen y desaparecen según el día y son negociables. Que si debe cruzar un puente endeble y estrecho, utilizado, sin embargo, por otros autobuses similares; que si en ese puente los viandantes corren peligro, pese a que cerca de él disponen de una pasarela peatonal; que si hay paradas del metro en Basauri que están más cerca de Galdakao y así se gastaría menos gasolina (¿sus frecuencias de metro son las mismas? ¿qué tiempo real se tarda en llegar a ellas?)... En fin, que hay graves problemas de seguridad (las mujeres y los coches de niño primero).
Ese tipo de alegaciones son las que tomó en consideración el pasado martes el Juzgado de lo Contencioso número 6 de Bilbao para devolver el autobús del Galdakao al que parece su lugar predestinado, el polígono industrial. El auto judicial es técnicamente irreprochable; lo es tanto como la anterior resolución de ese juzgado que llevó la parada al andén del metro, aunque sólo fuera durante unos días, quizá para que los usuarios vieran lo que se estaban perdiendo. Los letrados dicen que la Justicia no podía hacer otra cosa (ordenar algo y lo contrario, y eso sin entrar en el fondo del asunto). Una lógica que recuerda las asambleas interminables del instituto en las que primero se sometía a votación si había que votar. Los presentes apelaban a esto y aquello, y se olvidaban de para qué los habían convocado.
Si algo demuestra la desdichada lanzadera de Galdakao es hasta qué punto las instituciones pueden ir por un lado y las necesidades de los ciudadanos por otro. No se debe subestimar la capacidad de una administración para embrollar un problema. La gente todavía se acuerda del veto que la Diputación de Bizkaia impuso hace cuatro años, el 1 de febrero de 2011, a una línea de Galdakao al metro de Etxebarri parecida a la que ahora está en el disparadero. La había puesto en marcha el Gobierno vasco, y el Gobierno foral la suprimió, alegando una invasión de sus competencias. La Ertzaintza se desplazó a la estación intermodal para asegurarse de que la línea se paraba.
Estos son los hechos, como dicen los periodistas anglosajones. Las opiniones las puede poner el lector, pero lo cierto es que aquella vez también se aproximaban unas elecciones municipales. Después de haber neutralizado la iniciativa del Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia improvisó otra lanzadera al metro de Basauri y encima gratis, puesto que se pagaría el billete en el suburbano. El trayecto coexistió con el autobús 'galdacanés' de tiempo inmemorial, de pago y con frecuencias de 20 minutos, que se detenía al lado del fosterito de ese municipio y después en la estación de Bolueta.
Al Ayuntamiento de Basauri tambien se le ocurrió en 2011 que ya tenía demasiados autobuses, pero no demasiados coches particulares. Exigió que el sucedáneo de lanzadera de Galdakao fuera alejado del centro y logró que lo desplazaran unos 400 metros. Durante cuatro años, la línea la han usado chavales y jubilados para ir de compras y comer pipas, pero no para viajar en el metro. Varios municipios vizcaínos se han sentido agraviados, con toda lógica, al comprobar cómo a los galdakaotarras les concedían un servicio que en la práctica funcionaba como un transporte interbarrios por el morro.
Poco más se puede decir. Si usted quiere una conexión más o menos directa con el metro, no acuda a una institución o al juzgado. Le darán una lección de Derecho y le enumerarán un montón de razones (competencias) por las que no se puede hacer nada. Quizá le convenzan de que hay que crear aparcamientos disuasorios para autobuses públicos a fin de que los automovilistas puedan organizar atascos en los centros urbanos. Y cuando lleguen las elecciones, lo mejor es correr casa y gritar aquello de: ¡Al suelo que vienen los nuestros!
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En abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco un reglamento de transporte de viajeros de rango autonómico que indica expresamente (artículo 65) que la competencia de los autobuses interurbanos y de sus paradas es foral. Ese artículo pide que se busque el consenso con el Ayuntamiento afectado, pero deja claro que, en caso de discrepancia, impera el criterio de la Diputación.
El artículo 66 dice que allí donde exista una estación deberá estar «preceptivamente» la parada de una línea interurbana. La excepción son las estaciones situadas en municipios de más de 50.000 habitantes.
