En el Boletín Oficial del Estado del pasado 31 de marzo se publicó la Ley 2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española.
Mediante la citada Ley, se desvinculan del IPC las revisiones de los precios y tarifas de los servicios públicos, como los del transporte regular de viajeros.
Así, a partir de ahora la revisión tarifaria de los servicios regulares de uso general se realizará mediante un índice específico que contemplará la evolución de los costes, evaluados conforme al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. Este índice incluirá todos los costes salvo los financieros, amortizaciones, gastos generales y beneficio industrial.
Dicho índice se aprobará mediante real decreto a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, Hacienda y Administraciones Públicas y el Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, así como de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, que deberá aprobarse en el plazo de 4 meses.
De este modo, habrá tres sistemas de revisión de las tarifas de los servicios regulares de uso general:
Los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del real decreto, anteriormente citado, se revisarán conforme a los establecido en dicho real decreto.
Los contratos celebrados mediante las recientes licitaciones se revisarán conforme a lo establecido en el pliego.
Y los contratos actualmente vigentes, y que no hayan sido licitados, se revisarán conforme al artículo 19.5 de la LOTT. Esta revisión se llevará a cabo previsiblemente el último día del segundo trimestre de este año, siendo el IPC medio del -0,15%.
