Solo una rectificación del alcalde el lunes evitaría la demanda de la Diputación
Una mujer se acerca a coger la lanzadera de Etxebarri (Borja Guerrero)
La postura de Etxebarri en torno a la lanzadera y su cerrazón a permitir el paso hasta la estación de metro abocan este conflicto a la vía del Contencioso-Administrativo. Ayer expiraba el plazo que el requerimiento enviado por la Diputación permitía a este Ayuntamiento para modificar su posición, algo que no ocurrió y sitúa el caso a las puertas del juzgado. Únicamente un cambio de posición in extremis del alcalde etxebarritarra, Loren Oliva, podría evitar el próximo lunes que el litigio se judicialice desde la próxima semana.
El primer edil de esta localidad, del grupo independiente La Voz del Pueblo, señaló ayer que confía en que el lunes, un día antes del consejo de gobierno de la Diputación, se pueda encontrar una solución a esta cuestión. Ayer solicitó una reunión con la diputada de Transportes y Obras Públicas, Itziar Garamendi, que accedió a escucharle. Sin embargo, el ente foral siempre ha mantenido que no negociará contrapartidas con este Ayuntamiento a cambio de que, por fin, permita el paso a la lanzadera que une el metro con Galdakao.
La Diputación considera que Etxebarri “se ha extralimitado” en sus competencias y ha incurrido en una “ilegalidad”, tal y como señalaba el informe que solicitó a un bufete de abogados externo. En este sentido, el ente foral entiende que desde el punto de vista legal la razón le asiste y viene censurando la actitud del Ayuntamiento de Etxebarri, el único municipio entre 112 localidades que ha impedido el paso de un autobús tras la implantación del nuevo Bizkaibus. En este sentido, tal y como ha venido manifestando, su decepción con la actitud del equipo de gobierno de Etxebarri es enorme. Ningún otro municipio o mancomunidad ha canalizado sus quejas o sugerencias en torno a los itinerarios y las paradas de las nuevas líneas de esta manera.
EL CONSEJO En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Diputación se reúne el martes con la cuestión de Etxebarri en la agenda. Tal y como indicó el portavoz de la Diputación, Unai Rementeria, el horizonte del ente foral es acudir al Contencioso-Administrativo para presentar una demanda de persistir el Consistorio en su posición. Es lo que hasta la fecha ha ocurrido.
El Ayuntamiento de Etxebarri, por su parte, quiere evitar llegar a la vía judicial y de ahí esa solicitud de reunión para el lunes. Según indicó ayer Loren Oliva, el objetivo es “buscar una solución colaborativa a este conflicto”. El primer edil etxebarritarra viene pidiendo a la Diputación diferentes medidas que “facilitarían la entrada de la lanzadera hasta la estación a corto plazo”. El ente foral, no obstante, siempre ha mantenido que lo que debe hacer Etxebarri es permitir por fin el paso de la línea A-3932 y canalizar cualquier observación sobre el nuevo Bizkaibus por los mismos cauces que el resto de los municipios. Es decir, la Diputación no negocia a cambio de que Etxebarri permita el paso de este servicio.
EL CONFLICTO Desde que el pasado 14 de diciembre el Ayuntamiento de Etxebarri decidiera prohibir la entrada al núcleo urbano a la línea A-39-32, los usuarios de este servicio, que hace las funciones de lanzadera a Galdakao, han de caminar 700 metros. Esta es la distancia que separa la estación del suburbano de la parada que el Consistorio estableció junto al polígono Lezama-Legizamón de la localidad.
Aunque incluso Feekor, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia, se ha quejado de la situación que se genera ubicando la lanzadera en este punto, el Ayuntamiento no ha modificado su posición desde el pasado 14 de diciembre. El 23 de diciembre recibía el requerimiento de la Diputación, acompañado de un informe técnico y otro jurídico, en el que se le instaba permitir el paso de la lanzadera hacia la estación. El Consistorio etxebarritarra no movió ficha hasta el pasado martes, cuando solicitó una reunión con Diputación. Ahora, vuelve a pedir un encuentro para el lunes, ya fuera de plazo, con el fin de solucionar en la prórroga una cuestión que su posición ha abocado a la vía judicial.
