Una delegación encabezada por la diputada de Transportes, Itziar Garamendi, se reunió ayer con el alcalde de Etxebarri, Loren Oliva, en busca de fórmulas que pongan fin al conflicto de la lanzadera. Ninguna de las dos partes quiso hacer declaraciones públicas al término de la cita. La postura de la Diputación se mantiene en la exigencia al Consistorio de anular la prohibición del paso de los bizkaibuses por el centro de la localidad, algo que consiguió con la colocación de una señal -que Transportes califica como «descatalogada» - que prohíbe el paso sin autorización previa.
Aunque Garamendi confió a principios de enero en que Etxebarri reconsiderase su posición «en las próximas semanas», la fecha límite sigue acercándose. Tal y como anunció el pasado 23 de diciembre el portavoz foral y diputado de Presidencia, Unai Rementeria, si no hay una respuesta positiva de Etxebarri en el plazo de un mes, recurrirán a los tribunales. El plazo acaba mañana. Si no hay novedad, la Administración vizcaína comenzará en Consejo de Gobierno del martes los trámites para presentar un recurso por la vía contencioso-administrativa que estará listo «antes del 12 de febrero», según detalló ante las Juntas la máxima responsable de Transportes.
Dos años de litigio
De iniciarse la vía contencioso-administrativa, el problema podría complicarse. Algunos expertos aseguran que la tramitación podría alargarse hasta un plazo de «dos años», durante los cuales el juez estaría en condiciones de decretar tanto la anulación provisional de las medidas decretadas por Etxebarri como lo contrario. Es decir, que la parada se mantenga durante todo este tiempo a unos «700 metros» del suburbano, como en la actualidad. Un escenario en el que, lejos de la confrontación institucional, los vecinos serían los más perjudicados.
