Los trabajadores animan a la ciudadanía a no pagar por el viaje en transporte público
Los representantes sindicales de Bizkaibus en la rueda de prensa frente a la Diputación de Bizkaia.
Pese a que la Diputación de Bizkaia y sindicatos aseguren que están dispuestos a acabar con la huelga indefinida
de Bizkaibus "cuanto antes" y que un acuerdo podría fraguarse "hoy
mismo", los paros siguen adelante sin diálogo y con más tensión que
nunca. A las puertas del palacio de la institución foral en Bilbao, las
marchas de los trabajadores han pedido este martes la dimisión de la
diputada de Transporte, al grito de "Garamendi dimisión". Algunos
portaban incluso pegatinas en las que se leía #YonopagoBizkaibus, con
las que animan a la ciudadanía a no pagar por el servicio de autobuses.
Dentro de los salones, mientras tanto, Itziar Garamendi manifestaba en rueda de prensa que la huelga, que cumple su undécima jornada, "no tiene motivos laborales", sino que esconde una "lucha por el poder sindical antes de la elección dentro de seis meses del nuevo comité de empresa".
Las campañas de los trabajadores tratan ahora de llamar a la
ciudadanía —con más de 90.000 afectados— y acercar a la sociedad su
postura para que se une a las movilizaciones que ha convocado esta
semana. "Entenderíamos que parte de la sociedad se plantee el no pagar
el autobús", subrayaba el delegado sindical de ELA Iñaki San Andrés. "Si diputación no cumple, no podemos pedir que pidan los ciudadanos", apuntaba en referencia al acuerdo del 4 de octubre de 2013, firmado tras otra huelga, cuyo supuesto incumplimiento ha empujado las huelgas.
Garamendi, sorprendida cuando los periodista se han referido a la campaña, ha calificado este llamamiento de una nueva "provocación", que se une a los incidentes registrados este martes en las cocheras de Pesa en Berriatua. "Hemos pedido calma, pero el ambiente es difícil de controlar", explicaba el lunes Juan Carlos González, de Comisiones: "Ahora es el momento de que nuestra voz se oiga también en la ciudadanía y en la política".
La institución foral había citado a los sindicatos ELA, LAB, CC OO,
UGT y LSB-USO (que representan a la totalidad de la plantilla) a una
reunión este martes con un condicionantes: "un gesto" en forma de
desconvocatoria, aunque fuera de manera parcial. Los sindicatos respondieron que acudirían, una hora más tarde, pero sin desconvocar la huelga,
una acción que, según ellos, solo "llegará después de dar una
solución". Si no hay desconvocatoria antes, la próxima reunión entre las
dos partes está fijada para el viernes, un hecho que para los
sindicatos es "demasiado tarde". La huelga llegará entonces a su
décimo-quinta jornada, la quinta de manera indefinida.
Los dos se comprometen a respetar el acuerdo firmado el 4 de octubre de 2013, pero el desacuerdo, después de las largas jornadas de reuniones de la semana pasada, es claro en un punto fundamental. Bizkaia ofrece que las nuevas líneas que garanticen todos los puestos de trabajo y condiciones se implementen a partir de marzo de 2016, pero los sindicatos piden que se haga un año antes, en febrero de 2015. "Nos piden que nos fiemos cuando no están cumpliendo lo acordado un año después", ha apuntado el portavoz de ELA Iñaki San Andrés, a lo que Garamendi responde que los paros se basan en tres mentiras: "que la Diputación incumple lo pactado, que 300 trabajadores se irán a la calle y que se recortarán los servicios" una vez que se hagan cargo del servicios las cinco empresas concesionarias. Diputación explica que necesitan dos partidas presupuestarias para destinar los fondos al proyecto.
Los sindicatos mantienen sus peticiones iniciales: que las empresas —que deberían comenzar a funcionar en noviembre— respeten el acuerdo y que no haya las 300 amortizaciones (de una plantilla de 1.500 trabajadores) que estiman. Garamendi, por su parte, también se aferra a su posición: "No habrá despidos, ni subrogaciones, y por lo tanto no entendemos la huelga".
Con paros o sin ellos, lo que tienen claro Diputación es que las nuevas concesionarias "han de ponerse en marcha", porque el servicio —con mínimos del 30%— tiene que continuar. "Ellos tienen el poder de desconvocar", ha concluido aferrándose a su discurso. Ambos comparten, eso sí, una misma opinión: la otra parte "se niega a dialogar".
Bizkaibus sin pagar
Unas universitarias afectadas por la huelga se unen al lema para no pagar.
Garamendi, sorprendida cuando los periodista se han referido a la campaña, ha calificado este llamamiento de una nueva "provocación", que se une a los incidentes registrados este martes en las cocheras de Pesa en Berriatua. "Hemos pedido calma, pero el ambiente es difícil de controlar", explicaba el lunes Juan Carlos González, de Comisiones: "Ahora es el momento de que nuestra voz se oiga también en la ciudadanía y en la política".
Los dos se comprometen a respetar el acuerdo firmado el 4 de octubre de 2013, pero el desacuerdo, después de las largas jornadas de reuniones de la semana pasada, es claro en un punto fundamental. Bizkaia ofrece que las nuevas líneas que garanticen todos los puestos de trabajo y condiciones se implementen a partir de marzo de 2016, pero los sindicatos piden que se haga un año antes, en febrero de 2015. "Nos piden que nos fiemos cuando no están cumpliendo lo acordado un año después", ha apuntado el portavoz de ELA Iñaki San Andrés, a lo que Garamendi responde que los paros se basan en tres mentiras: "que la Diputación incumple lo pactado, que 300 trabajadores se irán a la calle y que se recortarán los servicios" una vez que se hagan cargo del servicios las cinco empresas concesionarias. Diputación explica que necesitan dos partidas presupuestarias para destinar los fondos al proyecto.
Los sindicatos mantienen sus peticiones iniciales: que las empresas —que deberían comenzar a funcionar en noviembre— respeten el acuerdo y que no haya las 300 amortizaciones (de una plantilla de 1.500 trabajadores) que estiman. Garamendi, por su parte, también se aferra a su posición: "No habrá despidos, ni subrogaciones, y por lo tanto no entendemos la huelga".
Con paros o sin ellos, lo que tienen claro Diputación es que las nuevas concesionarias "han de ponerse en marcha", porque el servicio —con mínimos del 30%— tiene que continuar. "Ellos tienen el poder de desconvocar", ha concluido aferrándose a su discurso. Ambos comparten, eso sí, una misma opinión: la otra parte "se niega a dialogar".
